La inteligencia artificial ya está transformando, de manera irreversible, el ejercicio de la abogacía. Esta transformación no es una hipótesis de futuro: es una realidad presente que impacta tanto en los estudios jurídicos, empresas y tribunales, como en las universidades que forman a los próximos profesionales del Derecho. Y no, no se trata de una sustitución del abogado, sino de una reconfiguración profunda de su rol y de las competencias que el nuevo escenario exige.

Los datos confirman la magnitud del cambio. El informe Future of Professionals Report 2025, de Thomson Reuters, reveló que el 80% de los profesionales legales prevén que la IA tendrá un impacto transformacional alto en su trabajo en los próximos cinco años. En esa misma línea, el relevamiento muestra mejoras sustantivas en productividad, con estimaciones de ahorro de tiempo que ya ascienden a cinco horas semanales y podrían llegar a 12 horas en los próximos cinco años. Esto se traduce en una abogacía significativamente más eficiente: la tecnología permite procesar mayores volúmenes de información en menos tiempo y libera al profesional de tareas administrativas para concentrarse en la estrategia, la interpretación y el asesoramiento de alto impacto.

Las tareas jurídicas más rutinarias son, efectivamente, las más susceptibles de automatización parcial. Quienes ejercemos la profesión recordamos que la primera aproximación al mundo jurídico implicaba fotocopiar expedientes, buscar jurisprudencia y relevar información documental. Hoy, buena parte de esas actividades se realizan en minutos, lo que no implica la desaparición del abogado joven, sino la transformación de su proceso formativo y de inserción profesional. La curva de aprendizaje se acelera y las exigencias cualitativas se elevan desde el inicio.

En nuestra actividad profesional y académica, diversas herramientas de IA han demostrado una capacidad notable para resolver problemas técnicos con gran velocidad, desde liquidaciones indemnizatorias hasta modelos contractuales complejos. Sin embargo, esa potencia tecnológica no elimina la necesidad de criterio jurídico. Por el contrario, la incrementa, siendo que cuanto más automatizado es el sistema, mayor es la responsabilidad humana en la supervisión, validación y toma de decisiones estratégicas.

La integración de Smart Contracts, el monitoreo automatizado de cumplimiento y los modelos predictivos ya están modificando la operativa de empresas y estudios jurídicos. También en la gestión de justicia aparecen oportunidades concretas: análisis documental masivo, trazabilidad de información y mejor organización de evidencia digital. Estas herramientas pueden contribuir a una justicia más ágil y transparente, reduciendo tiempos estructuralmente extensos que históricamente afectaron la eficacia del sistema. Recordemos que según investigaciones (ACIJ 2016), un proceso penal federal dura en promedio 14 años llegando a una condena una ínfima porción de los casos. En ese sentido, auditorías como la que intentó realizar el Consejo de la Magistratura de la Nación por iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, serán más eficientes en el futuro.

En el plano internacional, incluso se exploran modelos de IA predictiva para estimar probabilidades de éxito en litigios en función de antecedentes brindando una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. No obstante, toda incorporación tecnológica debe estar subordinada al control humano del magistrado y al marco normativo vigente. La IA puede asistir; la decisión jurisdiccional continúa siendo una función indelegablemente humana.

Este proceso exige, además, un marco de uso responsable. El secreto profesional no es negociable. La confidencialidad, la seguridad de la información y la minimización de datos sensibles deben guiar cada implementación. La American Bar Association (ABA), en su Formal Opinion 512 (2024), recordó que la IA no reemplaza los deberes de competencia, confidencialidad, comunicación y supervisión profesional.

En la misma línea, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal emitió en 2025 recomendaciones claras para evitar usos indiscriminados que puedan vulnerar el código de ética. La tecnología amplía capacidades; no exime responsabilidades. La práctica ya mostró los riesgos de ignorar ese estándar: se observan fallos que destacan citas de sentencias inexistentes como consecuencia de la utilización indiscriminada de la IA (ej. Cámara de General Roca y Rosario).

Paralelamente, el mercado jurídico no sólo automatiza tareas: también crea funciones nuevas. La expansión de la ciberseguridad, la privacidad, el gobierno de datos y la investigación interna demanda perfiles jurídicos híbridos. La figura del Data Protection Officer (DPO) en Brasil es un ejemplo concreto de cómo la regulación puede generar nuevas oportunidades profesionales altamente especializadas. La agenda académica debe orientarse, entonces, a la reconversión profesional y al desarrollo de competencias estratégicas.

En este contexto, crece exponencialmente el valor del criterio jurídico, la negociación, la argumentación y la toma de decisiones en entornos complejos. Las universidades tenemos la responsabilidad de acompañar esta transición con un cambio en la formación: integrar competencias tecnológicas, pensamiento crítico, comprensión algorítmica y ética aplicada, sin perder la solidez técnica que caracteriza a la disciplina. Este cambio no puede darse sin primero capacitar a los docentes que nos formamos en una era analógica.

El desafío no es prohibir la IA, sino rediseñar la pedagogía en un ecosistema donde la herramienta ya atraviesa transversalmente todas las materias, tal como diversos decanos lo planteamos en el Innova Tech (2025). Los relevamientos regionales muestran que su uso es masivo entre estudiantes y docentes. Ignorar ese fenómeno sería irresponsable; integrarlo con estándares académicos y éticos, en cambio, es una oportunidad histórica.

Desconocemos hasta dónde llegará esta transformación. Lo que sí es evidente es que la pregunta correcta no es si la IA reemplazará al abogado, sino qué tipo de abogado seguirá siendo relevante en un entorno tecnológico avanzado. La IA no elimina la esencia de la abogacía; la obliga a evolucionar. Y conducir esa evolución con rigor académico y responsabilidad institucional es parte de nuestra tarea.

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UADE